Si partimos de la premisa que el gobierno es un órgano delegado de la soberanía popular, sufragado por los ciudadanos y -en principio- al servicio del bien público, debería ser lógico que los primeros auditores de su labor han de ser los propios gobernados.
Debería ser lógico, pero no es la realidad en la que se vive en España; la falta de una ley real de acceso a los datos públicos es un baldón en la legislación española, una tara en el único gran país del primer mundo cuyos ciudadanos no tienen derecho a saber.
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